Por séptimo año consecutivo, el Consejo para la Transparencia (CPLT) analizó el desempeño de las universidades estatales en relación a la transparencia activa, que corresponde a toda aquella información que por ley los planteles deben hacer pública a través de sus sitios web.
Esta fiscalización se realizó entre el 17 de noviembre y el 20 de diciembre de este año a 18 casas de estudios, entre las que se cuentan, las recientemente creadas universidades de Aysén y de O’Higgins.
El puntaje promedio de cumplimiento para todos estos planteles es de un 80,09%. Este resultado es un 0,18% menos del puntaje observado en 2015, donde las universidades obtuvieron un registro promedio de 80,28%.
En ese sentido, el desempeño de estas instituciones ha sido variable a través de los años. Por ejemplo, si en 2011 la puntuación promedio de las universidades era de un 20,45%, dos años después su nivel de cumplimiento fue elevándose hasta a superar el 90%.
Sin embargo, de ahí en adelante, el desempeño promedio fue disminuyendo hasta la presente fiscalización.
Asimismo, si se observa el comportamiento histórico, desde el año 2013 que los planteles, en promedio, no logran llegar al 90% de cumplimiento en Transparencia Activa. De hecho, varias instituciones aparecen prácticamente estancadas respecto del año pasado.
“Es fundamental que los jóvenes tomen una decisión informada a la hora de elegir una universidad. Un buen nivel de transparencia es uno de los factores que también evidencia la fortaleza institucional de un plantel”, señaló el presidente del CPLT, José Luis Santa María, enfatizando en que al recibir aportes del Estado, la información relativa a la gestión de una institución académica debe estar disponible para todos los ciudadanos.

Clasificación general 2016

En relación al ranking general, los primeros tres lugares de la medición son ocupados por planteles regionales: la U. de Magallanes, la U. de Playa Ancha y la U. de Los Lagos.
La institución de Santiago con mejores resultados fue la UMCE mientras que, a nivel nacional, los planteles con puntajes más bajos fueron la U. de Talca, la U. de Antofagasta y la recién creada U. de O’Higgins.

 

Las Universidades que más cayeron en su desempeño (noviembre de 2015- noviembre 2016):

Materias peor evaluadas:

Dentro de los ítems fiscalizados y que tuvieron peor nivel de cumplimiento están:

“Actos con efectos sobre terceros”, que contempla información sobre:
• Tipologías de convenios de colaboración
• Resoluciones de ingresos especiales
• Reglamentos de planes de estudios
• Información relacionada, por ejemplo, a la admisión especial

• “Trámites”, que contempla información sobre:
• Proceso de matrícula de pre y postgrado
• Proceso de matrícula
• Proceso de admisión especial
• Pago de arancel
• Revalidación títulos extranjeros (sólo U. Chile)
• Traslados interuniversitarios
• Convalidación de ramos
• Intercambio estudiantil
• Proceso de cambio de carrera
• Obtención de becas
• Obtención de fondos concursables
• Obtención de certificado alumno regular
• Obtención de certificado ranking
• Obtención de certificado notas
• Proceso de postergación
• Proceso de suspensión
• Obtención duplicados o certificados de títulos y grados académicos
• Proceso de reincorporación

Estos dos ítems tienen una relación directa con el proceso de ingreso de los estudiantes y ambos sufrieron una disminución en sus puntajes por sobre los 35 puntos porcentuales entre la fiscalización de 2015 y la de este año (en el caso de “actos con efectos sobre terceros”, bajó de 62,5% a 25,2%; mientras que en “trámites”, disminuyó de 83,3% a 48,1%).
En relación a la usabilidad de los sitios web, las 18 universidades fiscalizadas lograron un puntaje promedio de 82,16%. Esta evaluación tiene relación con la facilidad que tienen los usuarios para localizar y utilizar la información contenida en cada uno de los portales.
Asimismo, y a nivel general, dentro de los incumplimientos más observados dentro de la fiscalización se descubrió, por ejemplo, la existencia de datos desactualizados en torno al personal de la universidad y sus remuneraciones; falta de información en torno a los llamados “actos sobre terceros” y el detalle sobre los subsidios y beneficios a los que pueden acceder los estudiantes.