Una fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) a las 16 universidades estatales reveló que en cinco de ellas existen barreras que impiden a las personas acceder a la información pública.
Mediante la técnica de “cliente incógnito”, el equipo de fiscalización del CPLT envió solicitudes de información a las 16 casas de estudios estatales a través de sus respectivos sitios electrónicos.
A cada una de ellas se les solicitó la “Copia de las actas correspondientes a las sesiones ordinarias realizadas durante el año 2014 por la Junta Directiva de esta Universidad”, y que dichos documentos fueran entregados vía correo electrónico.
De las 16 solicitudes enviadas en septiembre pasado a las universidades estatales, 12 lograron ingresar y otras 4 (equivalente al 25%) no pudieron hacerlo debido a que se exigía la entrega de datos tales como RUT, sexo, región, comuna, ciudad y/o teléfono, lo que va más allá de lo estipulado por la Ley de Transparencia y constituye, por tanto, una barrera.
Dicha situación ocurrió en las universidades Arturo Prat, de Magallanes, de Tarapacá y Tecnológica Metropolitana UTEM.
A su vez, la Universidad del Bio Bío no dio respuesta a la solicitud de acceso, situación que ya había ocurrido el año pasado.
En comparación a 2014, el nivel de cumplimiento de las universidades públicas en esta materia subió 22,1 puntos porcentuales, pasando de 35,2% a 57,4%.
Buenas prácticas:
El proceso fiscalizador también revisó las existencia de buenas prácticas y se constató que en tres de ellas avisan al solicitante (en el acuse de recibo de la solicitud) que se puede requerir, eventualmente, la subsanación de su solicitud (27,27%).
Además, en ocho planteles (de los 12 en los que efectivamente logró ingresar la solicitud) informan a la persona su derecho a acudir al Consejo para la Transparencia en caso de que venza el plazo y no obtenga respuesta, o bien, si la información le es denegada total o parcialmente (66,67%).
