El Consejo para la Transparencia dio a conocer los datos más relevantes de su VII Estudio Nacional de Transparencia destinado a evaluar la percepción ciudadana respecto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, política pública que en abril próximo cumplirá 7 años de vigencia.
En esta oportunidad, el estudio contempló un espacio destinado a recoger las percepciones de las personas en materia de Confianza y Corrupción, considerando que el año 2015 estuvo marcado por el descubrimiento de irregularidades, casos de corrupción, conflictos de interés y colusión de diversos actores.
La percepción que tienen los chilenos de la corrupción en el país mostró que el 57% cree que los organismos públicos en Chile son “muy corruptos”, lo que implica un alza de 6 puntos respecto a la medición realizada en 2012.
Lo mismo ocurre con la percepción de la extensión de la corrupción, donde un 54% cree que “mucha gente está involucrada” y un 84% cree que por lo general las personas involucradas en actos de corrupción no son castigadas por dichos delitos.
A pesar de esta visión sobre el alcance y la impunidad de los casos de corrupción, un 51% de los chilenos cree que hoy, éstos son más fáciles de detectar que hace unos cinco años atrás, lo que pudiera relacionarse a la existencia de mecanismos de acceso a la información pública para exponer estos casos y así combatirlos.
En materia de transparencia, se preguntó a los encuestados ¿qué se entiende por “transparencia en los organismos públicos”? y el resultado fue la asociación que se hace entre transparencia y acceso a la información pública, así como una cercanía conceptual entre ser transparentes y confiables (“honestidad”).
De acuerdo a la medición, el 84% de los chilenos cree que la relación entre el Estado y los ciudadanos es distante.
En el gráfico se puede apreciar que sobre el 70% de los ciudadanos se sitúan en el polo negativo de las cuatro dimensiones evaluadas:
Asimismo, se suma la mala evaluación que tienen las personas acerca de los organismos públicos y sus funcionarios, siendo este año el más bajo en cuanto a la percepción de transparencia.
El 2015, sólo un 20% de la población evaluó con nota 6 o mayor el nivel de confianza que le merece el sector público, evaluación que viene en descenso desde el 2012, donde alcanzó un 30%.
Por otra parte, la información que viene del Estado es también considerada poco confiable. Un 40% indica estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “Si una persona solicita información a un organismo público, recibe información confiable” y sólo un 33% lo está con la afirmación “La información que los organismos públicos ponen a disposición de los ciudadanos en sus páginas web es confiable”. Si bien, el nivel de desconfianza en la información pública es similar en ambos casos, los datos muestran que es mayor en el caso de aquella que se divulga activamente a través de los sitios web institucionales.
La principal razón por la cual las personas desconfían de la información es porque “son poco claros, confusos” (35% información que se entrega, 28% información en la web). Otras razones mencionadas son porque “no informan la verdad” (22% y 20% respectivamente), “ocultan información” (20% y 22%) y “entregan/publican información incompleta” (20% y 26%).
Otra manera en la que se manifiesta desconfianza en el sector público es en relación a la percepción de las capacidades de las personas que ostentan los cargos de responsabilidad pública para llevar a cabo la conducción del país.
Entre el 81% y el 91% de los chilenos tiene poca o ninguna confianza en dichas capacidades para resolver los problemas del país, según la categoría de función por la que se consulte (políticos, jueces, parlamentarios, autoridades políticas).
Sólo un 21,8% de los chilenos considera que el conjunto de instituciones y grupos de personas evaluadas están preparados para ejercer sus funciones, un 11,3% considera que orientan su actuar al bien común y sólo un 10,5% considera que son íntegros.
Sin embargo, en contraposición a este escenario de crítica y desconfianza hacia el Estado, se encuentra la política pública de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, donde la Transparencia opera como un supuesto base de la confianza en el Estado, generando tanto conocimiento como expectativas concretas en los ciudadanos respecto de sus interacciones con el sector público.
Lo siguiente son resultados de un test de diferencia de medias del nivel de confianza y percepción de transparencia entre quienes conocen la Ley y/o el Consejo para la Transparencia y quienes no han escuchado hablar de ninguno de los dos, donde claramente se observa que, entre quienes conocen la ley o el Consejo, mejora su nivel de confianza en las instituciones.
El VII Estudio Nacional de Transparencia se realizó entre el 5 y 27 de octubre de 2015, mediante entrevistas de tipo presencial consideró un total de 2.854 encuestas (hombres y mujeres, mayores de 18 años, de todo el país), con un nivel de error de 1,8% y nivel de confianza de 95%.
