El Consejo para la Transparencia (CPLT) realizó entre abril y julio de 2026 una fiscalización a los 345 municipios del país, evaluando si la información que deben publicar por mandato de la Ley de Transparencia está disponible, actualizada y completa. Alcanzar el 100% significa que no se detectaron incumplimientos en ninguno de los aspectos fiscalizados.
El resultado nacional pasó de 81,8% en 2025 a 88,5% este año, el nivel más alto en las fiscalizaciones municipales de transparencia activa del CPLT desde que se lleva registro (2012). Sin embargo, persisten brechas en la publicación de antecedentes fundamentales para seguir el destino de los recursos públicos, especialmente sobre compras, presupuesto y deudas.
Conocer qué compra una municipalidad, cómo gasta su presupuesto y cuánto debe es difícil cuando la información no está publicada, está incompleta o no se encuentra actualizada. En la fiscalización se pudo constatar que, aunque el cumplimiento promedio aumentó 6,7 puntos porcentuales respecto de 2025, solo 23 municipalidades alcanzaron el 100% de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia activa.
En el ranking municipal, Angol, Antofagasta, Curicó, Providencia y Puerto Montt se encuentran entre los 23 municipios que comparten el primer lugar con el máximo puntaje. En el extremo inferior, los cinco resultados más bajos correspondieron a Huasco, con 43,6%; Curarrehue, con 47,2%; Catemu, con 49,9%; Longaví, con 51,6%; e Independencia, con 52,6%.
Las principales deficiencias se concentran en la disponibilidad de información necesaria para revisar el uso del dinero municipal, ya sea por ausencia o desactualización. La publicación de antecedentes sobre presupuesto obtuvo un 74% de cumplimiento y la de adquisiciones y contrataciones, un 76,9%. La materia que las sigue es las decisiones municipales que afectan a personas o entidades, con un 81,8%.
“Valoramos el alza en los puntajes obtenidos por las municipalidades en su conjunto, un avance de 6,7 puntos es muy relevante y es el mejor resultado desde que realizamos esta fiscalización. Sin embargo, la tarea todavía no está hecha, dado que 322 municipalidades están bajo el cumplimiento óptimo del 100% que mandata la ley. Del total de municipios, un 19,4% presenta un rendimiento medio entre los 65 y 85 puntos porcentuales y un 7,2% un desempeño preocupante bajo el 65%. Es a estos municipios con peores rendimientos a los que pondremos el foco en acompañamiento y seguimiento”, señaló la presidenta del Consejo para la Transparencia, María Jaraquemada.
“Sin perjuicio de lo anterior, no se debe olvidar que el Consejo para la Transparencia va a instruir las investigaciones sumarias correspondientes, con el fin de revisar la aplicación de las sanciones que establece Ley de Transparencia ante infracciones a la misma”, agregó.
Los resultados también muestran avances en los municipios donde el Consejo dispuso iniciar investigaciones sumarias por haber obtenido los peores puntajes en la fiscalización de 2025: 39 de las 41 municipalidades mejoraron su cumplimiento en 2026, promediando un alza de 30,4 puntos. Destacan Hualañé, que pasó de 46,1% a 99,2%, y Vichuquén, de 45,5% a 98,6%, ambas con un aumento de 53,1 puntos porcentuales. Esta evolución refuerza la importancia de fiscalizar y dar seguimiento a los incumplimientos para que los vecinos cuenten con más información sobre la gestión municipal.
En el detalle, y respecto a la materia “información presupuestaria”, se observa que, dentro de los ítems que la componen, el resultado más bajo lo obtiene la publicación de las deudas de las corporaciones municipales, con un 46,5% de cumplimiento. En 66 de los 122 municipios con este tipo de entidades —el 54,1%— se detectaron incumplimientos. Por su parte, los ítems referidos a las deudas del propio municipio y su ejecución presupuestaria alcanzan un 71% y 69,6%, respectivamente.
En adquisiciones y contrataciones también existen diferencias importantes entre los ítems que la integran. La publicación de antecedentes sobre adquisiciones realizadas mediante la plataforma estatal Mercado Público alcanzó un 98,8% de cumplimiento. En cambio, la información sobre contratos de bienes muebles o servicios realizados sin utilizar ese sistema obtuvo un 60%, y la de contratos formalizados mediante órdenes de compra llegó a un 65,4%.
Pese a estas tareas pendientes en materias específicas, las mejoras respecto de 2025 son claras. Por ejemplo, los resultados en la publicación de información sobre personal y remuneraciones aumentó de 72,6% a 87,7%; la de adquisiciones y contrataciones, de 67,8% a 76,9%; y la de información presupuestaria, de 67,6% a 74%.
A nivel regional, los mayores promedios municipales correspondieron a Ñuble, con 92,4%; Tarapacá, con 91,7%; y Coquimbo, con 90,8%. Los menores se registraron en Aysén, con 73,8%; Antofagasta, con 81,2%; y Atacama, con 82,8%.
El Consejo para la Transparencia es el organismo autónomo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el acceso a información pública. La ley contempla multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración mensual del infractor por incumplir injustificadamente las obligaciones de publicación de información. Estas sanciones son aplicadas por el Consejo, previa investigación sumaria que determine las responsabilidades correspondientes.
