En un nuevo proceso de fiscalización en materia de transparencia activa, esto es, de aquella información pública que por Ley de Transparencia deben disponibilizar los servicios públicos en sus sitios electrónicos de manera permanente y actualizada de forma mensual, el Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó una serie de falencias en cinco gobernaciones regionales, por lo que instruyó iniciar investigaciones sumarias, a fin de que se establezcan las responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan. Además, dio un plazo de 10 días hábiles a otras tres gobernaciones regionales para subsanar sus incumplimientos, los cuales, de persistir, implicarían al CPLT tomar la misma medida.
Las investigaciones sumarias mandatadas por el CPLT se iniciarán respecto de las gobernaciones regionales de Atacama; O’Higgins; Arica y Parinacota; Antofagasta y Tarapacá. En tanto, el plazo de 10 días para corregir incumplimientos se estableció respecto de las gobernaciones de Los Ríos, Valparaíso y Araucanía.
Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, el informe es preocupante ya que revela la existencia de barreras de información pública en estos organismos respecto de información que es clave para la rendición de cuentas y control social sobre la utilización de recursos públicos: “En el último tiempo hemos sido testigos de graves denuncias e investigaciones de posibles desvíos de recursos públicos a diversas fundaciones. A propósito de ello, si se pone el foco en la información publicada por los gobiernos regionales referida a las transferencias que realizaron, nuestro análisis revela que dos de ellos presentan información incompleta dentro del período analizado, y ocho información no disponible o desactualizada”.
Por otra parte, Navarrete agrego que “el informe desarrollado por el CPLT permite concluir que en estos organismos existen deficiencias a nivel de la disponibilidad y completitud de la información referida a materias como transferencias de fondos públicos y de decisiones que los gobiernos regionales adoptan a través de resoluciones que tienen efectos sobre terceros. De igual manera, se detectaron infracciones en cuanto a la información presupuestaria y a la relativa a adquisiciones y contrataciones efectuadas fuera de Mercado Público”.
El promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa alcanzado por los gobiernos regionales en este proceso de fiscalización fue de un 76,6%. En el detalle se observa una amplia dispersión en los resultados. Los gobiernos regionales de Coquimbo, Aysén y Magallanes presentan promedios superiores al 94% en la revisión de todas las materias reguladas por los artículos 6º y 7º de la Ley de Transparencia, mientras que los de Antofagasta, Arica y Parinacota, O’Higgins y Atacama mantienen índices de cumplimiento inferiores al 60%.
La fiscalización se realizó entre abril y mayo de 2024, y consideró una estrategia de triangulación metodológica, que incluyó revisiones manuales de los sitios electrónicos de transparencia activa, explotación de datos y registros disponibles en el Portal de Transparencia del Estado y análisis de información que fue requerida a los gobiernos regionales con ocasión de la fiscalización, siendo el de Antofagasta el único que no se pronunció ante la solicitud de colaboración.
