El presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, junto a la consejera de la entidad, Natalia González, representaron a Chile en la reunión de la Red Iberoamericana de Protección de Datos en Lima, Perú, llevada a cabo esta semana.

En la oportunidad, el titular del CPLT, detalló los avances que ha tenido en nuestro país el proyecto de ley en esta materia.

En esa línea, Navarrete mostró su preocupación por el escaso avance y poca información que tiene este tema en nuestro país. “En Chile existen 17,7 millones de personas con acceso a Internet con una velocidad catalogada como altísima para la región (25,85 Megabits por segundo). Estos datos contrastan con que, según un informe de la Cámara de Comercio, sólo 3 de cada 10 ejecutivos consultados tiene conocimiento del Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales y el uso de datos y solo un 32% aseguró que en su organización hay avances en el ámbito del uso avanzado y responsable de datos. Incluso, otro estudio indica que, a nivel nacional, solo un 11% de las empresas han implementado protocolos efectivos para la eliminación adecuada de datos personales”.

Es importante destacar que el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales modifica casi íntegramente la Ley 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada que actualmente rige en Chile y que data del año 1999.

El proyecto, que hoy está discutiéndose en comisión mixta en el Congreso, busca modernizar y perfeccionar la regulación nacional de protección de datos personales y crear una autoridad encargada de velar por su cumplimiento.

Según explicó el Pdte. del CPLT, “la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales es un avance. Se trata de un agente regulador, con potestad sancionatoria sobre las empresas y personas que traten datos personales y que podrá resolver solicitudes y reclamos que formulen los titulares de esos datos. Sin embargo, tiene un problema en su origen, ya que se proyectó (y se financiará) considerando que funcionará el primer año con 3 consejeros y 19 funcionarios, los que se aumentarán a 30 a partir del segundo año. Esto es irrisorio respecto de la real capacidad que tendrá para resolver la innumerable cantidad de casos que tendrá que conocer”.

Además, relevó que se está analizando en la comisión mixta la propuesta de la Cámara de Diputados, que dice relación con que tanto el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, el Servicio Electoral y la Justicia Electoral, puedan ser fiscalizados por la futura Agencia Nacional de Protección de Datos Personales.

Navarrete comentó que eso se trata de una discusión muy similar a la que se dio en el Proyecto de Ley de de Transparencia 2.0, en donde la Cámara de Diputados propuso un sistema más amplio de potestades para el Consejo para la Transparencia, que incluía (en parte) la fiscalización a estos órganos autónomos constitucionales y poderes del Estado, mientras que el Senado (la Comisión de Gobierno) rechazó esa parte de la propuesta, para que estos entes públicos tuvieran regímenes de transparencia especiales y atenuados.

Por su parte, la consejera del CPLT, Natalia González, también participó de la instancia internacional, exponiendo acerca de los avances en nuestro país en materia de neuroderechos, definidos en el proyecto de ley que actualmente se tramita en Chile como “nuevos derechos humanos que protegen la privacidad e integridad mental y psíquica, tanto consciente como inconsciente, de las personas del uso abusivo de las neurotecnologías”.