El Consejo para la Transparencia entregó las principales cifras de la labor que por ley le compete realizar: garantizar, fiscalizar y promover el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública en nuestro país.

Dentro de los hallazgos, se destaca que el año pasado más de 7 millones quinientos mil personas accedieron al portal de transparencia de los distintos servicios públicos, cerca de 520 mil más que el 2022, lo que significa un incremento de 7,5% en un año.

En tanto, las solicitudes de acceso a información pública que se realizaron a dichos servicios fueron cerca de 300 mil, aproximadamente 40 mil más que el 2022.

Por su parte, poco más de 15 mil autoridades registraron su declaración de intereses y patrimonio, cerca de 3 mil más que el 2022.

Para el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, estos datos “revelan la importancia que este servicio está teniendo para la sociedad. Estamos hablando de que más de un tercio de los chilenos pudo acceder a información, que antes de publicada la ley, no existía en los diversos medios electrónicos de los servicios públicos o que estos no tenían la obligación de entregar. También es importante destacar el aumento en las solicitudes de acceso a información, ya que implica que cada día tenemos más ciudadanos vigilantes del accionar de las autoridades. Seguiremos trabajando porque más chilenos accedan a la plataforma y puedan ejercer el rol fiscalizador que corresponde en una democracia robusta, ya que es la única forma de disminuir los espacios de opacidad y crecer en transparencia”.

En otras materias hay bajas. En cuanto a las donaciones o regalos que se les entregan a las autoridades, el 2023, se registraron 3 mil ochocientos y el 2022 fueron publicados, casi 7 mil. Por su parte, las audiencias en la plataforma de lobby se mantuvieron similares: 73.773 en 2023 v/s 79.714 el 2022.

En otra línea, el 2023 se registraron 58 mil seiscientos viajes de autoridades, mientras que, en el 2022, 55 mil doscientos.

Por su parte, el servicio garante de la transparencia del país llevó a cabo una serie de fiscalizaciones de cumplimiento en transparencia activa – esto es que los servicios públicos tengan en sus plataformas digitales la información que por Ley de Transparencia deben tener – en: Municipalidades, subsecretarías, empresas públicas, universidades estatales, entre otras. En esa línea, y ante vulneraciones a la Ley de Transparencia, inició 143 sumarios administrativos el año pasado, 74 más que el año 2022.

Por último, el CPLT implementó 74 actividades para promover la transparencia de la función pública con más de 12.500 funcionarios capacitados en un despliegue por 13 regiones del país.