Una delegación compuesta por el consejero Bernardo Navarrete, el director general del servicio, David Ibaceta, la directora (s) de Jurídica, Ana María Muñoz, el director (s) de Fiscalización y Promoción, Christian Anker, y el jefe e la Unidad de Análisis y Estrategia Jurídica, Ricardo Cáceres, participaron en diversas actividades enmarcadas en el VIII Congreso Internacional de Transparencia y Buen Gobierno en la ciudad de Alcalá de Henares y en la universidad del mismo nombre.

En esta instancia, se busca reflexionar sobre diversas materias, entre otras, inteligencia artificial y su relación con la transparencia, transparencia como comprensibilidad y lenguaje transparente, y se revisan casos nacionales e internacionales.

En la sesión plenaria, el director del servicio expuso algunos de los principales problemas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, lo que incide en un adecuado cumplimiento de la Ley de Transparencia. En su intervención, abordó la necesidad de “constitucionalizar el derecho de acceso a la información” dado que se generan conflictos asociados a protección de datos personales, que en 2018 fue reconocida por Chile en la Carta Fundamental.

Agregó que tras 14 años desde la entrada en vigencia de la ley en Chile se espera una adecuada evolución en materia de transparencia activa. “Para que haya mayor incidencia en lo que la ciudadanía requiere se necesita avanzar en otras disposiciones asociadas con esta publicidad activa”. “Hay muchas cuestiones que podrían estar permanentemente disponibles sin la necesidad de que una persona realice una solicitud o haga una presentación”, explicó.

En tercer lugar, se refirió al “abuso en la utilización del derecho de acceso a la información”. Al respecto afirmó que se requiere morigerar la opacidad y al mismo tiempo aprender a gestionar las solicitudes excesivas por parte de personas determinadas, denominados “clientes frecuentes”. Vinculado con lo anterior mencionó los problemas en la identificación de las personas que realizan los requerimientos, esto dado que desde el punto de vista administrativa debe resolver desde un acto motivado y fundado, que posibiliten un espacio de mayor certidumbre.