La mañana de este martes, el titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, reconoció el avance que significó para Chile la regulación actualmente vigente en materia de Lobby, pero planteó la necesidad de dar “una vuelta más de tuerca” a la regulación en un encuentro de expertos nacionales e internacionales en el que abordaron eventuales cambios a la legislación con miras a una adecuación de la norma a nuevos desafíos planteados en el siglo XXI, entre otros, la influencia de medios tecnológicos o redes sociales.
En la instancia, organizada por la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia, se refirió a las propuestas de la OECD como una ayuda para guiar las modificaciones a la regulación y comentó que: “De no tener nada a tener una ley de registro de audiencias a la que le llamamos de Lobby, está muy bien. Ahora, ha pasado un tiempo, se han producido ciertos cambios culturales, es momento de que dar una vuelta más de tuerca”, refiriéndose a los cambios en la regulación.
Recalcó que la norma vigente es una ley de registro de audiencias o de reuniones y “no es una ley que permita realmente tener claro cuáles son los intereses que se están moviendo detrás de algo ni quiénes son los que los representan”. Y agregó que se requiere de modificaciones a la normativa que se hagan cargo de situaciones que hoy no están contempladas, lo que calificó de relevante en un país en el que “tenemos poca conciencia de los conflictos de intereses”.
Asimismo, subrayó la gradualidad de la implementación de la Ley Nº 20.730 y la necesidad de modernizar el portal en el que se registran audiencias, viajes y donativos (www.infolobby.cl) y automatizar algunas cuestiones como el registro de los sujetos obligados.
En el seminario “Sobre Modernización de la Ley de Lobby y Gestión de Intereses Particulares” participaron, entre otros: Macarena Lobos, subsecretaria de la Subsecretaría General de la Presidencia; Valeria Lübbert, secretaria ejecutiva; Fréderic Boehm y Pauline Bertrand, de la División de Integridad del Sector Público de la Dirección de Gobernanza Pública (OCDE); Benjamín García, investigador de Espacio Público y Enrique Rajevic, director de Chile Transparente.
