Una alta valoración hacia la transparencia y un compromiso con los ciudadanos versus el desconocimiento de su institucionalidad, fueron los principales resultados que arrojó el primer Estudio Nacional de Funcionarios Públicos, elaborado por el Consejo para la Transparencia (CPLT).

La investigación estuvo orientada a recabar la opinión, el conocimiento y la valoración que tienen los funcionarios públicos sobre la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, siendo actores fundamentales para la correcta implementación de la ley en el país.

El estudio de tipo exploratorio y descriptivo se realizó a través de una encuesta web —entre el 12 de Diciembre de 2012 y el 29 de Enero de 2013— a 344 funcionarios, de los cuales 300 fueron del gobierno central y 44 de municipalidades. De ellos, incluyó 29 directivos, 167 profesionales y 148 administrativos.

Los principales resultados proyectaron que los funcionarios públicos reconocen la transparencia como un elemento relevante en la modernización del Estado, además de su declarado compromiso con los ciudadanos y su alto nivel de valoración de la Ley.

No obstante lo anterior, existe un bajo conocimiento sobre el Consejo para la Transparencia, sus funciones y los procedimientos asociados al derecho.

Alta valoración de la transparencia  por los funcionarios públicos

Un 52% de los funcionarios reconoce que los beneficios que aporta la Ley de Transparencia son superiores a cualquier costo como tiempo, trabajo, recursos o riesgos que implique su puesta en marcha. En tanto, un 74% de los consultados manifestó que su implementación ha sido buena o muy buena. Los funcionarios de la administración central presentan una mayor valoración de la Ley que los de municipalidades, con un 79% y 60% de respuestas positivas respectivamente.

Para los funcionarios, la transparencia es el tema más importante en la modernización del Estado (13%). Además, un 58% de los funcionarios públicos considera que el país está preparado para hacerse cargo del derecho de acceso a la información, cifra que aumenta a 78% al referirse a su propia institución, donde destacan los esfuerzos percibidos en materia de archivos (64%), capacitación (54%) y gestión institucional en temas de transparencia (73%).

Más conocimiento de la ley que de la institucionalidad

Existen diferencias importantes entre el conocimiento de la Ley y el del Consejo para la Transparencia. Mientras 80% declara conocer la Ley, sólo un 61% conoce al Consejo para la Transparencia. Adicionalmente, el conocimiento promedio en torno a los mecanismos de acceso a la información, es decir Transparencia Activa y solicitudes de información, así como reclamos y amparos frente al CPLT alcanza el 60%, que aunque es muy superior al nivel de conocimiento de los ciudadanos, podría mejorarse en el tiempo.

Funcionarios perciben desconfianza ciudadana e identifican a las personas como su principal mandante

En cuanto a la relación Estado – Ciudadano la mayor parte de los funcionarios considera que ésta está más bien marcada por la desconfianza (56%), el antagonismo (42%) y la distancia (46%). Asimismo, tienen un alto nivel de claridad sobre la opinión negativa de la ciudadanía, que a su juicio los percibe como burocráticos (87%), envueltos en una cultura del secretismo (68%), que discriminan (63%) y que son corruptos (52%).

Estas percepciones negativas contrastan con las declaraciones de los funcionarios que en un 55% identifican a las personas como su principal mandante, y con su valoración de la transparencia en términos de su contribución al acercamiento entre ciudadanos y organismos públicos (23%) y al fortalecimiento del rol de servidor público de los funcionarios (24%).

Los resultados indican que hay mucho por hacer para modificar la fuerte carga negativa de la relación ciudadano-Estado, desafío en el cual la transparencia podría ser un elemento crucial. Por ende, el aumento de la valoración y el conocimiento del derecho de acceso a la información a través de la Ley y el Consejo para la Transparencia, podría contribuir a mejorar la imagen del Estado en la ciudadanía y fomentar su acercamiento.