Con fecha 18 de marzo de 2013 la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en el Reclamo de Ilegalidad Rol N° 842-2012, interpuesto por la Subsecretaría de Justicia en contra de la Decisión C689-11 del Consejo para la Transparencia (CPLT), que ordenó al Ministerio de Justicia entregar pre informe sobre una consultoría a la administración penitenciaria y reformas al sistema carcelario chileno,  a cargo de la empresa Altegrity Risk International, Inc.

El 16 de abril de 2011, a través de la Ley de Transparencia, se solicitó al Ministerio de Justicia el contrato suscrito y todos los documentos relativos a ello, con la empresa Altegrity Risk International Inc. Además, el estudio o informes entregados hasta la fecha.

El organismo público remitió al solicitante algunos documentos, sin embargo, respecto de dos informes en inglés se señaló que su divulgación pondría en riesgo la seguridad pública, por lo que resultaba aplicable la causal de secreto contemplada por el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.

La decisión del CPLT determinó acoger parcialmente el amparo deducido por el solicitante, en contra del Ministerio de Justicia, en virtud de los fundamentos expuestos, por lo que decidió hacer entrega al reclamante del primer y segundo pre informe realizado por Altegrity Risk International, Inc., en noviembre de 2010 y enero de 2011, respectivamente, previa tacha de las páginas 2 a 7, ambas inclusive, del primer informe, por referirse a las observaciones a los recintos penitenciarios visitados. A su vez, entregar  copia de los pre informes que restaba por entregar al solicitante.

En contra de la decisión del CPLT el Ministerio de Justicia interpuso un Reclamo de Ilegalidad, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, determinando que los documentos no se encuentran bajo las restricciones de reserva y que deben proporcionarse.

El fallo fue dictado unánimemente por la 8° Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros Sr. Leopoldo Llanos, Sra. María Eugenia Campo (redactora), y el abogado integrante Eugenio Benítez.