Este jueves fueron presentados los resultados de la IV Encuesta Nacional de Transparencia, estudio que realiza el Consejo para la Transparencia desde el año 2009 y que permite medir la percepción de los chilenos respecto a la transparencia de los organismos del Estado y la aplicación de la Ley de Transparencia.

En esta oportunidad, la encuesta se aplicó a 2.241 personas mayores de 18 años de las principales comunas del país, en entrevistas cara a cara, entre septiembre y noviembre del 2012.

El margen de error de la muestra es de 2.1% y un nivel de confianza del 95%.

Como contexto, se debe considerar que, con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, no sólo se busca la aplicación de ciertas normas, sino que ello apunta a la construcción de nuevas relaciones entre ciudadanos y Estado y una nueva manera de legitimación de las autoridades que permite, asimismo, el perfeccionamiento de la democracia. Así, la Ley de Transparencia reconoce un nuevo derecho ciudadano; determina el acceso a la información pública, potencia la participación de los ciudadanos y mejora la gestión de las instituciones.

Principales resultados
Entre los principales resultados del estudio destaca que, al consultar a los ciudadanos si confían en el sector público, existe un avance respecto al año anterior. Quienes dicen confiar “Mucho”, pasan de un 22.8% en 2011 a un 29.9% para el 2012.

Cuando se les pregunta cuánto creen que los organismos públicos les ocultan información, un 63.9% señala que mucho, similar al 64.5% del año anterior.

Respecto a la confianza que les entrega la información que los organismos disponen en sus sitios web, la mitad de los encuestados confía y la mitad no. Este último segmento señala que las razones de su desconfianza son principalmente que “ocultan información” y que “son poco claros”.

Esta falta de claridad se ve reforzada con la percepción ciudadana cuando un 77.7% indica que es complicado solicitar información. La discrecionalidad en la entrega de información se vuelve a manifestar en otro aspecto, ya que un 80.3% señala que se informa lo que los organismos desean informar.

Por otra parte, se observa una mejora en la percepción del nivel de corrupción, ya que al consultar a las personas cuán corruptos se cree que son los organismos públicos, quienes opinaron que “mucho” fueron un 67.2% en 2011 y un 61% en el 2012.

Insitucionalidad
Al evaluar cómo el país ha avanzado en la instalación del derecho al acceso a la información pública es posible señalar que existe una conciencia generalizada sobre el valor público que debe tener la información que poseen los organismos del Estado. Un 94% de los encuestados lo cree así. De igual forma, un 89% está de acuerdo con que el derecho de acceso a esa información debe beneficiar a cualquier persona.

La misma idea está reforzada con la percepción de un 89% de los consultados que creen que los organismos tienen la obligación de entregar la información requerida y por el 86% que indica que ante la denegación de información existe el derecho al reclamo.

Ante la situación hipotética de una denegación de información en un municipio, un 25.6% de las personas declaran que ejercerían aquel derecho a reclamo, en tanto que un 9.6% no haría nada, lo que representa una mejoría respecto a los años anteriores, cuando era mayor el grupo de ciudadanos que declaraban tendrían una reacción pasiva.

Consultados si saben de la existencia de una institución dedicada a acoger esos reclamos, un 19.2% declara que sí, y de ellos, casi la mitad (un 47%) indica que esa institución es el Sernac. Esta situación se corrobora en el escaso conocimiento que ha alcanzado la Ley y el Consejo para la Transparencia, de un 11 y un 12% respectivamente.

Al identificar quiénes son las personas que no conocen la Ley ni al Consejo, vemos que se trata principalmente de mujeres, dueñas de casa, con educación media e ingresos bajos.

Práctica del acceso a la información pública
¿Cuántos han solicitado información? Un 15.9% de la muestra, y principalmente referida a subsidios y beneficios. Es relevante observar que el perfil de quienes hacen estas solicitudes es el mismo de quienes no conocen la Ley ni al Consejo: se trata principalmente de mujeres, dueñas de casa, con educación media e ingresos bajos. Y esas solicitudes se presentan en mayor magnitud ante municipios y para conocer los resultados o postular a beneficios o subsidios.

Respecto a la forma en que los ciudadanos se relacionan con los servicios públicos, en todos los casos, los ciudadanos optan por la vía presencial. Esto tiene su correlato en que sólo un 6.1% de la muestra señala conocer el espacio de transparencia activa disponible en los sitios electrónicos de los organismos.

Por otra parte, existe una relación directa entre los ámbitos prioritarios en la vida de las personas y aquellos en que asignan mayor importancia a la publicidad de la información. Así, educación, salud y vivienda son las áreas donde los encuestados indican es más necesario que la información sea pública.

En la presentación de estos resultados, Alejandro Ferreiro, presidente del Consejo para la Transparencia, señaló lo preocupante que resulta los altos niveles de desconfianza y percepción de corrupción que muestra el estudio, ya que, a su juicio, “Chile es un país mejor que el que los chilenos creen”.

Indicó, asimismo, que se observa una relación entre la percepción de transparencia y el conocimiento de la institucionalidad. Así, quienes han escuchado hablar del Consejo para la Transparencia confían más en el sector público, creen que son más transparentes y tienen una mejor percepción respecto a la corrupción.

Concluyó señalando que los esfuerzos deben orientarse a reforzar el conocimiento de estos derechos por parte de la ciudadanía, facilitar su ejercicio y promover que la información que entregan los órganos del Estado sea pertinente a las necesidades de las personas, especialmente en los ámbitos de la salud, educación y vivienda, de modo que la transparencia sea una herramienta que permita avanzar hacia relaciones de confianza. Indicó que en esta línea están iniciativas como las campañas de difusión del CPLT y el Portal de Transparencia del Estado que será lanzado próximamente.