Partimos el 2013 cargados de actividad. A comienzos de enero asistimos a la cita del Open Government Partnership (OGP); luego, lanzamos la primera versión de TransparentARTE; la semana pasada desarrollamos un seminario para discutir sobre protección de datos personales y, entre tanto, avanzaron a la próxima etapa legislativa los proyectos que modifican la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales.
En el encuentro del OGP se difundió una temática de gran convocatoria a nivel internacional con la participación de numerosos países. En el desarrollo de este encuentro, organizamos con los miembros de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, RTA, un panel de análisis en torno al rol de los órganos garantes en la iniciativa OGP, en el que se reconoció en esta agenda una oportunidad para dinamizar iniciativas en el ámbito del Acceso a la Información Pública.
“TransparenARTE, arte chileno para una cultura de la transparencia” es una convocatoria amplia y nacional a artistas contemporáneos para que nos ayuden a transmitir el sentido y alcance del principio de Transparencia. Esta iniciativa se enmarca en nuestros esfuerzos por tangibilizar el derecho de acceso a la información pública y el valor de la transparencia a través del lenguaje artístico.
La consolidación de una política de acceso a la información debe establecer con claridad los límites entre transparencia y los derechos de las personas a su vida privada y a la protección de sus datos personales. Por ello, propiciamos un activo debate con expertos nacionales y españoles, en la antesala de la votación de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del proyecto que modifica la Ley N°19.628.
También en el ámbito legislativo, hubo avances en el trámite que modifica la Ley de Transparencia, con la incorporación de una serie de criterios que definen las condiciones para que los correos de los funcionarios del Estado sean públicos.
Todo lo anterior, son indicadores de que están sucediendo muchas cosas en el ámbito de la transparencia, pero también señales que los actores involucrados siguen empeñados en profundizar o implementar cambios para satisfacer de manera adecuada las demandas y necesidades ciudadanas de mayor acceso a la información del Estado y participación en su quehacer.