• Presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente, presentó diversos aspectos de la experiencia en Chile y expuso la relevancia de este ámbito desde la perspectiva del derecho de acceso a la información como un derecho humano fundamental y a partir de la generación de un ecosistema en transparencia e integridad en lo público.

Una reflexión y revisión histórica y de los principales hitos del sistema y norma de transparencia en Chile y sus desafíos, realizó la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, ante estudiantes de postgrado de la Universidad Complutense de Madrid.

En la actividad, organizada por el Instituto Complutense de Ciencia de la Administración de la mencionada casa de estudios, la titular del CPLT contextualizó su intervención en un marco de crisis de confianza que afecta a los organismos del sector público y a las instituciones en general, y detalló la labor del Consejo.

Agregó que parte del escenario actual es la desconexión de los actores políticos con la ciudadanía. En el caso chileno recordó lo ocurrido durante el estallido social de 2019 y también la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, en las que la “transparencia pasa a ser más necesaria que nunca”.

En dicho escenario subrayó, entre otras cuestiones, una visión de la transparencia que vincula estas materias y los avances en este ámbito con la calidad de la democracia. Asimismo, apuntó a la necesidad de promover y fortalecer un ecosistema de transparencia e integridad en lo público, en las que operan normas e instituciones, y que deben propender a acciones cada vez más coordinadas. Apuntó a que, desde el punto de vista de las necesidades que presentan las democracias de hoy, “es el salto que las instituciones debieran dar para contribuir a una mejor calidad de éstas”.

“La discusión sobre tema de políticas públicas no puede obviar el impacto de la transparencia”, agregó De la Fuente.

Acceso a la información como derecho fundamental

Destacó la mirada clave asociada al reconocimiento explícito del derecho de acceso a la información como un derecho humano fundamental, revisando una serie de convenios y acuerdos suscritos por el país y que son referentes en este sentido.

“A veces nos quedamos con la mirada del acceso a la información solo como política pública y no como un derecho. Nosotros hablamos de un derecho humano fundamental, reconocido por el derecho internacional y, por lo tanto, inalienable”, dijo. Comentó que esta mirada fue clave en el contexto de la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció esta perspectiva al inicio de la emergencia sanitaria al establecer que “los derechos fundamentales no pueden postergarse”, entre ellos el derecho de acceso a información pública y el derecho a la protección de datos personales.

Nuevo ciclo político

De la Fuente comentó además el estado actual del proyecto de ley que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública, al que refirió como un ajuste normativo. Revisó también una serie de datos para referir a la crisis de confianza institucional, en parte importante asociada a una percepción de corrupción creciente, entre otras entidades, en las del sector público, lo que plantea retos relevantes y a lo que calificó como “oportunidades” con miras al nuevo ciclo político que se inicia a partir de un cambio de administración y al proceso constituyente.

En dicho marco, la titular del Consejo destacó el rol de la transparencia para recuperar la confianza, a partir de la percepción de la corrupción, permitiendo el control social y haciendo exigible la rendición de cuentas. Además, destacó el aporte a la mejora de la eficiencia de la gestión pública y al uso del derecho de acceso a la información como derecho llave, es decir, para acceder a otros derechos.