Un llamado a revisar nuevamente la relación que las Fuerzas Armadas (FFAA), y las Fuerzas de Orden y Seguridad “han tenido y tienen con la transparencia y la lucha contra la corrupción”, hizo la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, tras analizar los resultados de la reciente publicación del Índice de Integridad de la Defensa del Gobierno 2020 de Transparencia Internacional, que posicionó a Chile en la categoría de “alto riesgo” en este ámbito.

Detalló que a través de esta medición se “evalúa la calidad de los controles institucionales que los gobiernos poseen para gestionar el riesgo de corrupción en los organismos de defensa y seguridad de sus Estados”. El listado se ordena posicionando a los países a partir de una métrica de riesgo de corrupción que va de la A a la F, desde muy bajo a un nivel crítico.

“La reciente publicación de este índice y la baja posición que ocupa Chile en el mismo, nos invita (una vez más) a hablar de la relación que las Fuerzas Armadas (FFAA), y las Fuerzas de Orden y Seguridad han tenido y tienen con la transparencia y la lucha contra la corrupción”, sostuvo.

De la Fuente se refirió al cambio que se ha producido desde los noventa –con baja percepción de corrupción- y lo ocurrido en el siglo XXI. “El advenimiento de nuevos estándares de transparencia estatal evidenciaron una realidad distinta: no éramos mucho mejores que nuestros vecinos y al interior de nuestras Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, existía una profunda opacidad que propiciaba la corrupción, afectando -aunque no seamos plenamente conscientes de ello- sus capacidades para ejercer el importantísimo rol para el cual están destinadas”.

“Así, algunos de los casos de corrupción y desvío de dineros públicos de la historia de Chile han ocurrido precisamente en estas instituciones: Carabineros de Chile (“pacogate”), cuyo desfalco asciende a más de $35.000 millones y el Ejército de Chile (“milicogate”), con más de $6.000 millones en diversas aristas de desvío de recursos que aún se investigan. La PDI tampoco ha estado exenta de cuestionamientos por presuntas irregularidades de su ex Director General”, recordó.

Más de 12.500 solicitudes sin respuesta

De la Fuente detalló que desde 2013 a la fecha, “las tres ramas de las Fuerzas Armadas han recibido más de 12.500 solicitudes de acceso a la información a través del Portal de Transparencia del Estado, de las que se han generado casi 1.000 reclamos por no entrega de información (un 70% de parte del Ejército), la mayoría invocando la causal de “seguridad de la nación”.

Pese a que por el papel de estas instituciones como protectores de la seguridad del Estado, dijo la presidenta del CPLT, posibilita “ciertos miramientos” por ejemplo en materia de publicación de gastos -puesto que su mal uso podría ir en detrimento de la seguridad del país-, y existen leyes reservadas para no dar a conocer algunos procedimientos, “no se encuentran eximidos de la rendición de cuentas”, por lo que la invocación de causales de reserva “debe ser utilizada con responsabilidad”, aclaró.

Destacó que las interacciones entre estas entidades y el Consejo han posibilitado avanzar en ciertos grados de transparencia y apertura al control social. En este sentido, “imposible desconocer el avance crucial que significó en esta materia la derogación de la “Ley reservada del Cobre”, la que previo a ello había sido anulada de facto por una decisión del Consejo para la Transparencia que ordenaba su entrega”. Sin embargo, enfatizó en que se debe “seguir recorriendo este camino de apertura”.

¿Cómo estamos comparativamente?

Este reporte, señaló, Chile está entre los países de la categoría D (riesgo alto) junto a Argentina, Portugal, Rusia, Grecia, Kenia y Uganda, entre otros. Sólo Nueva Zelanda está en el grupo A y de la región, los países que quedaron mejor evaluados fueron Brasil y Colombia, en el grupo C con Estados Unidos, Francia o Japón. A su vez, México se ubicó en el grupo E y Venezuela, en el F.