• Gloria de la Fuente aludió a casos de personas fallecidas por Covid-19 y a detenidos durante el estallido social, casos emblemáticos en los que se evidenciaron divergencias en conteos y datos e hizo llamado a estandarizar la recopilación de datos y criterios para evitar que se genere información disímil.

La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, se refirió a los desafíos en materia de transparencia en el sector público derivados de diferencias en cifras provenientes de fuentes públicas asociadas a la emergencia sanitaria y al estallido social, reconoció avances asociados a la cantidad de información disponible, pero puso el foco en la calidad ante la fragmentación, diferencias conceptuales y de registro, que merman la confianza pública y “la posibilidad de generar políticas públicas adecuadas a la resolución de las problemáticas sociales”.

A modo de ejemplo se refirió a las divergencias en números de personas fallecidas por Covid-19 o de detenidos en el marco de las manifestaciones del estallido social.  Explicó que, en materia de información pública se evidencia una “fragmentación” que debe convivir con “un Estado que apela a la interoperabilidad, sobre todo si se considera que -en la práctica- los asuntos ciudadanos tocan a varias instituciones”.

Agregó que ante ciertas problemáticas o interrogantes no sólo existen diversas fuentes “como vimos frente a la cuenta de fallecidos a causa del Covid 19 o frente al debate acerca del número de detenidos tras el estallido social, por sólo mencionar dos casos emblemáticos”.

Destacó los esfuerzos y avances realizados en la última década “para instalar una cultura de transparencia en el sector público” y que han servido como base, sobre todo en el ámbito de la publicación de información. Recordó que desde que se publicó la Ley de Acceso a la Información Pública (Nº 20.285) en 2009, 862 organismos se han unido al Portal de Transparencia para publicar su información en esta plataforma y que otros han optado por plataformas propias para mantener disponible la información y datos requeridos por Transparencia Activa.

Sin embargo recalcó que “el derecho de acceso a la información contempla a su vez, el que ésta sea fidedigna, comprensible y procesable, paso que convertirá, efectivamente, a la información en una herramienta poderosa al servicio del control social de la ciudadanía”. En este sentido, comentó que existen en la actualidad una serie de falencias para alcanzar este objetivo: “hoy cada organismo compila y construye data para los fines propios de su funcionamiento, quedando en diferentes registros y conciliados bajo los parámetros que para cada organismo hacen sentido”.

“Pese a que el hecho de que los números no calcen no refiere necesariamente a que una de las informaciones sea falsa -pues responden a diferencias conceptuales de cada institución-, las discrepancias generan confusión, merman la confianza pública y también la posibilidad de generar políticas públicas adecuadas a la resolución de las problemáticas sociales”, espetó.

Que las instituciones “hablen el mismo idioma”

Por ello apuntó a la “necesidad imperiosa de generar un sistema integrado y abierto de datos públicos”, con el fin de eliminar duplicación de esfuerzos, estandarizar la recopilación de  datos y evitar que se genere información disímil o incomparable entre entidades públicas.

Para esto planteó, entre otras propuestas: homogeneizar criterios y parámetros; definir conceptos claves y asegurar que todas las instituciones en un determinado ámbito “hablen un mismo idioma y compilen la información de la misma manera”; establecer responsables de la información; y mantener una plataforma única y transversal a todos los organismos del Estado”, dijo.