La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, encabezó exposición ante Comisión de Sistemas Políticos abogando por el principio de buen gobierno y de probidad en lo público en favor del fortalecimiento de un sistema de normas e instituciones que trabajan para prevenir y combatir la corrupción. En tanto el director general, David Ibaceta, se refirió al reconocimiento explícito en la Carta Fundamental del derecho de acceso a la información, entre otros temas.

En una audiencia desarrollada esta mañana ante la Comisión de Sistema Político Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral de la Convención Constitucional, la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente y el director del organismo, David Ibaceta, abordaron una serie de principios y materias clave asociadas a transparencia, derecho de acceso a la información y probidad en lo público con miras al nuevo texto constitucional.

La titular del CPLT planteó al inicio de su exposición algunas reflexiones respecto de lo fundamental del reconocimiento de principios como el de buen gobierno y probidad de la función pública en la Carta Fundamental, a los que refirió como “elementos clave de un estado de derecho moderno” y tema obligado, que pone el foco “en un Estado que está al servicio de las y los ciudadanos”.

La presidenta del Consejo abogó por la consagración de estos principios que se instrumentalizan a través de una serie de normas e instituciones que conforman un ecosistema de transparencia e integridad pública. Este debe asegurar la rendición de cuentas por parte de las autoridades y en el que la probidad aparece como central para la recuperación de la confianza ciudadana. Agregó que “Chile requiere avanzar más allá de lo ya hecho en términos legislativos” en un número importante de normas que aseguran la transparencia y consolidar un sistema de integridad en el ejercicio de la función pública, agregó.

En una segunda parte de la audiencia, el director general del CPLT, David Ibaceta, se refirió en particular a la necesidad de la tradición institucional chilena de transitar desde una administración más bien “acostumbrada al secretismo” a un “escenario de apertura y de acceso a la información pública como un principio, como un valor y como un derecho relevante”. Refirió también al principio de publicidad y al de transparencia como herramientas fundamentales para garantizar el régimen democrático.

“El reconocimiento explícito del derecho de acceso a la información en el texto constitucional, desde luego, tiene como virtud consolidar el acceso a información pública como mecanismo para el control social de la actividad del Estado, la prevención de la corrupción, la participación ciudadana informada y para el adecuado y oportuno ejercicio de derechos fundamentales de cualquier naturaleza”, dijo el representante del Consejo.