La necesidad de generar un ecosistema, conformado por normas y trabajo mancomunado entre instituciones para velar por la transparencia e integridad funcionaria como uno de los caminos para enfrentar la crisis de confianza que atraviesa el país, plantearon la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, y el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, al conmemorarse un año más del establecimiento de la Ley de Transparencia.

Los representantes del CPLT y la Contraloría refirieron a los retos que impone este escenario de desconfianza, sumado a desafíos humanos y de gestión pública derivados de los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia por Coronavirus, así como aquellos vinculados al correcto desarrollo del proceso constituyente. “La desconfianza no puede ser una sentencia. No es posible la vida en sociedad si no confiamos en las instituciones, por lo que combatir la corrupción debe ser un desafío permanente para alcanzar esa confianza pública”, afirmaron en una columna conjunta en La Tercera.

Como clave en esta línea, destacaron datos de la Encuesta Nacional de Transparencia del CPLT, el que evidenció buenas noticias respecto de la percepción de mejores condiciones institucionales para denunciar y sancionar actos de corrupción que hace diez años. “La desconfianza se acrecienta no cuando se denuncia más, ella se acrecienta cuando ese reclamo ciudadano no es oído y no genera una consecuencia y un cambio real en quien ejerce el poder”, afirmaron.

A partir de ello apuntan a la necesidad de cimentar un ecosistema de normas y organismos capaces de hacerse cargo de estas expectativas. “Por ello, la robustez de las instituciones requiere sumar actuaciones coordinadas que eviten duplicidades, minimicen acciones contrarias al bien común, resguarden los recursos públicos y sobre todo, sean capaces de responder de manera eficaz a esa denuncia ciudadana”, comentaron De la Fuente y Bermúdez.

Para materializarlo, la propuesta es instaurar un ecosistema de transparencia e integridad, que involucre una política pública integral, coordinada, con mejores normas sobre transparencia, anticorrupción, probidad, con “autoridades convencidas de que su rol de servicio público sólo se construye sobre la integridad y la rendición de cuentas” y con una sociedad civil informada.

“Para eso es necesario contar con la incorporación de nuevos actores y sectores comprometidos en esta lógica, ella es parte de una mirada integral que identifica como fundamental esta alianza que configure un verdadero ecosistema de integridad y transparencia, que nos permita construir un país más probo, íntegro y justo para todos y todas”, concluyeron.