A pocos días de una nueva conmemoración del inicio de la entrada en vigencia de la Ley de Lobby, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, valoró el aporte que esta normativa ha hecho a la transparencia y probidad en el país, pero destacó que requiere una serie de ajustes para dar nuevos pasos en materia de control, involucrando no sólo a las autoridades sino al lobista y a las empresas que contratan Lobby.

“Se reconoce internacionalmente que en Chile hay una buena norma, pero entendemos que -pese a que hay un avance- esta Ley es de 2013, se debe mejorar la regulación de los sujetos activos”.

Para la titular del CPLT la regulación tiene pendiente aún reformas que, a su juicio, son clave en materia de transparencia y probidad para combatir la corrupción y, en definitiva, colaborar con el perfeccionamiento de la democracia. “El foco de la norma actual le pone casi todo el peso de la responsabilidad a los sujetos pasivos, es decir, autoridades que reciben o son sujetos de gestión de intereses, pero poca en los sujetos activos que gestionan los intereses de diverso tipo”.   

La legislación vigente en esta materia establece la obligación para la autoridad, que es sujeto pasivo de lobby, de llevar un registro de las audiencias otorgadas, aunque sin transparentar mayores antecedentes sobre los lobbistas más que los consignados por las mismas autoridades a partir de las respectivas audiencias. Esto implica que la ley sea más bien una agenda pública de las autoridades.

Bajo esta lógica y en paralelo a la ampliación de las obligaciones de Lobby a otros actores, el Consejo propone mejorar la calidad de los mismos, de manera de reforzar el control social de la actividad en distintos temas y conocer quién y por qué se busca influir en el proceso de toma de decisiones, actividad que es completamente legítima. “Aquí hay que avanzar a un mejor registro y más obligaciones”, espetó.

De la Fuente explicó que esta actividad, que es legítima, requiere una normativa perfeccionada con miras a acceder a más información: “Hay que entender que el lobby cuando es una actividad regulada permite disminuir los mantos de opacidad (…) Hay que erradicar espacios extrainstitucionales en la incidencia de toma de decisiones que, al final, lo que hacen, es establecer asimetrías entre las personas y eventualmente la comisión de delitos”.  

Caída de registros 

El Consejo para la Transparencia mantiene el portal electrónico “InfoLobby”, plataforma que consolida registros de audiencias, viajes, donativos, lobistas, gestores de interés, representados en audiencias, autoridades y organismos públicos, entre otros. Desde la entrada en vigencia de la ley en noviembre de 2014 y hasta el octubre de este año, se ha cuantificado la publicación de sobre 1 millón 900 mil registros.

El año 2019, se tuvo un promedio de reporte mensual de 7.786 audiencias, 7.149 viajes y 479 donativos; cifras que comparadas con las del 2020 han registrado una disminución promedio mensual de un 57,3% para audiencias, 65,1% para viajes y 66,7% para donativos. Lo anterior puede entenderse desde el impacto generado por la pandemia por Covid-19 en estas actividades. Si bien desde marzo a octubre 2020 han existido aumentos en los registros reportados, continúan siendo bajos respecto a datos históricos.

Sanciones  

En cuanto al régimen de sanciones que contempla la Ley Nº 20.730, éste también se centra principalmente en la autoridad y su responsabilidad administrativa en el caso de incumplimientos de los registros de agenda pública que regula esta normativa.  La propuesta del CPLT sobre el particular es analizar modalidades de enforcement de la legislación, mediante el establecimiento de sanciones especiales y la asignación la autoridad de un órgano de control especializado para ello. Lo anterior permitirá un mejor control y fiscalización de la transparencia del sistema de la ley y se facilitará el acceso a la información relativa al lobby y la gestión de intereses.