• Gloria De la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), apuntó a la urgencia de hacerse cargo de modernizar la ley de protección de datos personales, que no se ha perfeccionado desde los años noventa.  

La urgencia por resolver una serie de falencias que ha mostrado la normativa que rige en el país sobre protección de datos personales a partir de una ley de 1999 que no se hace cargo de los cambios tecnológicos, planteó la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, en entrevista con el Diario Financiero.

 “Hoy es más patente que nunca que debemos legislar para actualizar la normativa que es de 1999, que es la Ley de Protección de la Vida Privada. Por otro lado, tenemos un reconocimiento constitucional de 2018”, explicó.

Al abordar las falencias que presenta la normativa, De la Fuente explicó que muchas de ellas se han visto profundizadas en el contexto de la emergencia sanitaria y recordó la transferencia y comunicación de datos personales sensibles, como el estado de salud, que se encuentran bajo especial protección.

El impacto económico que tiene el que no se avance en el perfeccionamiento de la ley también es relevado por la titular del Consejo al referirse al flujo transfronterizo de datos, puesto que el país no tiene un nivel adecuado de protección de datos.

“Tenemos muchas dificultades para poder generar transacciones de tratamientos de datos, porque en la práctica no tenemos una ley que reconozca el organismo garante específico y falta actualizar normas en función del cambio tecnológico; no basta con tener un reconocimiento constitucional de protección de datos, porque en la práctica estamos atrasados con legislaciones de países de la región”, sostuvo.

Otra de las líneas de trabajo en las que estará abocado el Consejo en esta administración es avanzar en la promoción del uso de la Ley de Transparencia más allá de círculos de expertos y académicos y garantizar que las personas puedan ejercer su derecho de acceso a la información de organismos del Estado: “Las personas deben apropiarse del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y ejercerlo”. Y agregó: “‘Tenemos limitaciones en el conocimiento de la normativa que llega al 25% de la población, tenemos que salir a buscar esa ciudadanía”.

Con miras a colaborar con el proceso constituyente en un contexto de desconfianza ciudadana, la presidenta del Consejo afirmó que la participación debe sostenerse en el acceso a información y en acciones en favor de la transparencia. Con esta guía el CPLT trabaja en la elaboración de propuestas para integrar mecanismos de transparencia y acceso a la información tanto para el órgano constituyente, que aspiran plasmar en el reglamento de esta instancia, como durante el proceso.

También es aspiración del Consejo, señaló De la Fuente, poder incidir en términos de contenidos del nuevo texto constitucional a partir del reconocimiento explícito del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. A esto se suma que se eleve al Consejo a rango constitucional, de manera de extender facultades y capacidades limitadas con respecto a los organismos que puede contralar, pensando en el Congreso, el Poder judicial o las autonomías constitucionales.

Desinformación 

La presidenta del CPLT subrayó que otro tema relevante para el Consejo es un fenómeno cuyo impacto se ha profundizado a partir de los cambios tecnológicos: la desinformación. Sobre el particular detalló que se están iniciando acciones para formar una mesa de trabajo sobre la temática, y así aunar esfuerzos con otros organismos, de manera de impulsar iniciativas que reduzcan su impacto, en particular de cara a un tren de elecciones que se inició con el plebiscito constituyente.

“Se debe generar un acuerdo nacional para combatir la desinformación, que es un flagelo para las democracias”, concluyó la titular del CPLT.