Gloria de la Fuente, titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), planteó la relevancia de incorporar una mirada desde la anticorrupción y la transparencia en la discusión constitucional, en el marco de un seminario con actores del mundo privado. 

Ante la profunda crisis de confianza social y política que atraviesa el país, caracterizada por la percepción de menores niveles de integridad y transparencia en el ejercicio de la función pública y de abuso por parte del sector privado, entre otras cuestiones, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, dialogó con diversos actores del mundo privado y del mercado financiero sobre la recuperación de la confianza ciudadana.

La cientista política enfatizó en el malestar generado por situaciones de corrupción y abuso y las diversas señales de desconfianza transversalmente instalada a nivel nacional: “Existe malestar contra el abuso, la desigualdad, pero también como señal de desconfianza en que, bajo las mismas condiciones, el bienestar sea inclusivo para toda la población”.  

Sobre el proceso constituyente, que se desarrollará en un contexto de crisis de confianza en las instituciones en general para De la Fuente “es una oportunidad institucional de encauzar nuestros malestares, conflictos y crisis puede ser una muy buena noticia en el mediano y largo plazo para recomponer confianza”.  

Desde la perspectiva de la titular del CPLT, este debate puede permitir además “avanzar de manera sustantiva en un ecosistema de defensa de derechos fundamentales y de control” en materia de transparencia. A esto se suma la aspiración de que se reconozca el rango constitucional del Consejo para la Transparencia, de manera de extender sus facultades de control y sanción a otros poderes del Estado.

La presidenta del Consejo destacó además el reconocimiento en el nuevo texto constitucional del derecho de acceso a la información pública de manera explícita y del derecho a la protección de datos personales, asociado a la existencia de un órgano garante del cumplimiento de esta normativa.

Corrupción y desigualdad 

De la Fuente revisó también el impacto de la corrupción en la confianza de las instituciones, tanto públicas como privadas, y el rol que juega en la caída de la inversión derivada de la debilidad institucional. En este último caso destacó “la sensación de abuso de poder por parte del sector privado” –derivado de casos de alta connotación pública como la colusión en alimentos básicos- “que están al medio de la crisis de confianza en Chile y que es importante mirar para enfrentarlo más adecuadamente”.  

Refirió además a la desigualdad asociada no sólo a distribución del ingreso: “La corrupción no sólo afecta a la fe pública, una mala utilización de recursos fiscales, en el caso de relaciones perniciosas entre lo público y lo privado, sino que además profundiza la desigualdad. Cuando no tenemos un control adecuado de la corrupción lo afectamos finalmente son las posibilidades de los que menos tienen”. 

Transparencia como valor 

“La transparencia es un valor altamente considerado en Chile” y “una buena palabra”.Sin embargo, para la doctora en Ciencias Sociales, esta percepción debe ir acompañada de un correlato en materia de instrumentalidad del acceso a la información para hacer efectiva la transparencia. Por ello, De la Fuente destacó la necesidad del funcionamiento armónico de un ecosistema de transparencia y probidad –a partir de diversas normativas y con la participación de distintos organismos-, que se haga cargo, dado que es “un camino para reconstruir la confianza”.

“El desarrollo efectivamente, va de la mano con la transparencia y la anticorrupción”, dijo. Y en el contexto actual –como una de las enseñanzas que dejó la pandemia por Covid-19- apuntó a la transparencia proactiva: “Hay una necesidad de que exista un compromiso de instituciones públicas y privadas por ser más proactivos en iniciativas que promuevan la transparencia y la probidad”. Esto dado que el acceso a información y la transparencia demostraron que efectivamente ayudan a la confianza de la ciudadanía y a conseguir que ésta adhiera a medidas o acciones propuestas por las autoridades.