Entre el 21 y 26 de octubre pasados el Consejo para la Transparencia envió a los jefes de servicio de todos los organismos de la administración central del Estado el primer reporte oficial sobre su nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa que señala el artículo 7 de la Ley N° 20.285 más las instrucciones generales dictadas por el Consejo.
El informe comprende una evaluación extensiva de 253 elementos en total contemplados punto a punto, tal cual lo dispone la herramienta que ha elaborado el Consejo y que se ofrece en su sitio web, www.consejotransparencia.cl, para que los mismos organismos puedan medir su cumplimiento.
Este es un reporte privado para cada institución que fue despachado por vía electrónica junto a un oficio del director general del Consejo, Raúl Ferrada, con firma electrónica avanzada, en el cual se indica el puntaje total obtenido por la institución, el puntaje por cada uno de los 14 items que dispone la ley en su artículo 7 y además se ofrece una síntesis de las observaciones generales que se profundizan en el documento completo. El oficio solicita que se implementen las medidas necesarias para subsanar las observaciones y omisiones que se detallan en el informe de fiscalización.
María Alejandra Sepúlveda, directora de fiscalización del Consejo para la Transparencia, precisa que esta es la primera etapa del proceso. En el mismo oficio se informa que en noviembre se verificará que los servicios hayan realizado adecuaciones en la información que deben publicar en sus sitios electrónicos y cuyo plazo de actualización es hasta el 15 de noviembre (primeros 10 días hábiles). “El 16 de noviembre comienza la segunda etapa de este proceso con la revisión de las observaciones planteadas y los resultados obtenidos en esta segunda etapa serán difundidos por el Consejo”, explica.
Sepúlveda destaca que el resultado en general es muy positivo y hubo organismos que lograron los 100 puntos”, comenta. “Eso nos demuestra que podemos avanzar mucho en transparencia activa, que existe espacio para que los organismos se destaquen en la implementación de buenas prácticas”, agrega.
Tras el despacho de los informes, la dirección de fiscalización está recibiendo las consultas y comentarios de los organismos frente a las observaciones recibidas. “Ha sido un proceso enriquecedor, porque a través de las reuniones que hemos tenido, hemos podido detallarles las observaciones formuladas y conocer las particularidades de cada servicio”, señala. “Este ha sido un trabajo de equipo que no solo ha involucrado a nuestra dirección, sino también a numerosas áreas del Consejo para la Transparencia”, añade. “Esta primera etapa permite sociabilizar los aprendizajes y aplicar nuevos conocimientos en el despliegue de la información de transparencia activa en un proceso enfocado en la mejora continua de la gestión de esta información”, concluye.
Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia, enfatiza que este primer proceso de evaluación es una muestra concreta del espíritu de colaboración que el Consejo ha querido instaurar con los organismos. “Nos hemos obligado a hacer este trabajo y crear numerosas herramientas de apoyo porque siempre dijimos que queríamos colaborar en la construcción de una cultura de la transparencia. Nuestro objetivo no es repartir sanciones sino ayudar a que todos los organismos cumplan la ley a cabalidad”, aclara. “Esta primera fiscalización cierra un círculo que se inició con la misma construcción de las instrucciones generales sobre transparencia activa, las cuales fueron sometidas a una consulta pública y los mismos organismos tuvieron la oportunidad de revisar y comentar. Luego creamos la herramienta de autofiscalización, los ayudamos a utilizarla y ahora finalmente les entregamos la retroalimentación tras la primera fiscalización”, explica. “Estamos muy contentos con el proceso realizado y esperamos que los servicios públicos aprovechen todas las oportunidades que les hemos entregado”, puntualiza.
