• La representante del Consejo para la Transparencia (CPLT), participó de un encuentro iberoamericano en el que se intercambiaron experiencias en materia de acceso a la información en tiempos de crisis y enfatizó en el valor de la transparencia como fundamental para gestionar materias sanitarias, pero también para el control social de los planes que iniciarán los gobiernos para enfrentar las consecuencias sociales, políticas y económicas que dejará el Covid-19.

La relevancia de la transparencia y una equilibrada ponderación entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales tanto en el contexto de la emergencia sanitaria como post pandemia, planteó la consejera del Consejo para la Transparencia (CPLT) Gloria de la Fuente, en un encuentro de especialistas y autoridades de Iberoamérica organizado por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos del Perú.

La representante del Consejo se refirió al protagonismo que la transparencia ha adquirido en la discusión pública en los distintos países, no sólo de América Latina, asociada a la calidad y oportunidad de la información sobre el impacto del Coronavirus en la salud de la población y fue enfática en plantear que “En el contexto de la pandemia, la transparencia de la información  puede colaborar a salvar vidas”.

Asimismo, la consejera aseveró que es clave para la legitimidad de las acciones de los gobierno: “Los ciudadanos requieren transparencia en situaciones como la que vivimos para entender y para conocer los fundamentos de las decisiones públicas y sus consecuencias”, y agregó que  “parte importante de la confianza en las instituciones y en las decisiones de la autoridad tienen que ver con conocer claramente y, por lo tanto, legitimar los fundamentos de las decisiones que se toman”.

La también cientista política, subrayó que en Chile adquiere relevancia más allá de los requerimientos de información para evitar el contagio, puesto que las personas  necesitan “conocer medios de abastecimiento –por ejemplo en el caso de Chile estamos en estado de excepción constitucional que limitan la posibilidad de movilización de la población-, dónde se pueden mover, conocer el funcionamiento de los servicios de salud“.

De la Fuente abordó además los efectos de la falta de transparencia y de la emergencia de obstáculos que dificultan el derecho de acceso a información, los que a su juicio no sólo tienen “costos políticos y reputacionales” durante la emergencia, sino que los tendrán en el escenario post pandemia en un contexto en que los países deberán enfrentar una serie de desafíos en materia de políticas públicas y programas sociales y económicos.

Acciones impulsadas por el CPLT 

La consejera destacó las acciones del Consejo no sólo en el ámbito de la transparencia y acceso a la información pública, sino también en materia de protección de datos personales, enfatizando en que el estado de excepción no congela ninguno de estos derechos. Recalcó que el CPLT ha oficiado a los organismos públicos con el objetivo de recordar sus obligaciones en estos ámbitos, recalcar que no se suspenden estos derechos pese al estado de excepción constitucional vigente en el país y para reforzar a las instituciones que deben ir incluso más allá de la ley, mediante buenas prácticas en transparencia proactiva de manera de ayudar a la legitimidad de la toma de decisiones. En términos de protección de datos personales, la consejera recordó la relevancia de resguardar datos sensibles como los relativos al estado de salud de la población.

A nivel nacional, planteó como necesario pensar de manera “armónica” cómo el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales “conversan de manera amigable”. Es decir, cómo enfrentar la ponderación de derechos de manera adecuada, y la modernización del Estado en materia, por ejemplo, de política de datos abiertos. “No sólo ahora, sino después, porque las consecuencias de la pandemia nos van a acompañar por mucho tiempo en materia económica, social y política”.