Experiencias previas similares, el rol fundamental de la ciudadanía y desafíos compartidos en materia de acceso a la información y del necesario equilibrio de la transparencia y la protección de datos personales en el contexto de la pandemia, fueron algunas de las principales conclusiones del seminario “Virus y Democracia: ¿Acceso a la información y transparencia en riesgo?”, organizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT).
En el caso particular de Chile, el presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, planteó en el encuentro que hay diferencias importantes entre nuestro país y naciones iberoamericanas que cuentan con normativas “robustas” en materia de protección de datos personales y transparencia y acceso a la información pública, lo que permite ponderar eficazmente ambos derechos en un contexto en el que se hace patente la necesidad de un equilibrio.
Asimismo, el abogado detalló las acciones impulsadas por el Consejo como órgano garante del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en organismos públicos en el marco de la pandemia por Covid-19. Destacó por ejemplo la propuesta de la entidad de una ley corta para resolver brechas regulatorias en materia de resguardo de información personal y enfatizó en el estado de excepcionalidad y en “cómo impedimos que la pandemia se use como excusa para entorpecer el acceso a la información pública”.
“Hemos asumido un rol y no sólo el que nos dicta la ley, porque junto con aplicar la normativa y subrayar sobre su obligatoriedad, hemos sugerido a la autoridad ir más allá y utilizar la transparencia de una manera proactiva”, recalcó el abogado.
Asimismo, el representante chileno hizo hincapié en la relevancia no sólo de transparentar las decisiones que toma el Ejecutivo sino también los fundamentos de las mismas: “la transparencia y el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos a las decisiones y fundamentos de las autoridades, construye y restaura las confianzas y contribuye con el fortalecimiento de la democracia”.
Finalmente, Jaraquemada destacó el rol de la ciudadanía en el ámbito de la transparencia en el contexto de la emergencia: “me parece adecuado finalizar destacando el rol que ha venido realizando la sociedad civil y el periodismo en el escrutinio de las autoridades y sus decisiones. Sin esta contribución no habría sido posible, por ejemplo, contar hoy en Chile con una nueva metodología en el conteo de fallecidos o la desagregación de datos anonimizados para un mejor trabajo científico”.
Clave: confianza en las instituciones
Otro aspecto relevante de la conversación de los expertos fue el impacto que puede tener la transparencia en la gestión de la emergencia acorde a los niveles de confianza previos a la pandemia. Frederic Boehm, quien encabeza el trabajo sobre Integridad Pública en América Latina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), planteó que uno de los problemas fundamentales es que “Si uno no confía en datos proporcionados por el Gobierno, es muy difícil que la transparencia logre los impactos deseados”.
Mencionó estudios de casos que están evidenciando que países con altos niveles de confianza en sus instituciones –Finlandia por ejemplo- “han logrado aparentemente lidiar mejor con la crisis”. Para la OCDE dos factores clave para la confianza son la integridad y la apertura, especificó Boehm.
Gabriel Delpiazzo, representa de Uruguay y presidente de la Red de Acceso a la Información y Transparencia de América Latina (RTA), coincidió con la visión del representante de la OCDE en términos de que las naciones mejor preparadas para enfrentar la crisis son aquellas que han mostrado buenos niveles en términos de integridad y transparencia.
Puntualizó además la necesidad de que las excepciones que se hagan en materia de transparencia en el contexto de la emergencia sanitaria por Coronavirus sean “fundadas y limitadas”. “La emergencia no justifica el no derecho” de acceso a la información.
Lecciones compartidas
La Subdirectora General de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, Esperanza Zambrano, planteó una serie de “lecciones aprendidas”, dado que España ha vivido las consecuencias de la pandemia de manera fuerte en los últimos meses.
Destacó en su intervención que ha sido bajo el número de solicitudes de acceso a la información pública son pocas las que han sido tramitadas, limitando la transparencia.
“Me desconsuela que tengamos los mismos problemas”, dijo Zambrano, al evidenciar que en Chile también se han realizado cambios metodológicos y se ha cuestionado la calidad de los datos, puesto que estas cuestiones generan descrédito y erosionan la confianza.
Asimismo, se refirió a las comparecencias regulares en medios de comunicación de las autoridades concentradas en comunicar sobre la gestión subrayando que “La comunicación institucional no es transparencia”. “Aportar mucha información y muchos datos no es transparencia sino se le entrega la información que los ciudadanos solicitan”, finalizó la representante de España.
El caso brasilero
En el caso brasilero, Marcos Lindenmayer, detalló que una perspectiva pragmática del derecho de acceso a la información es importante “para que la ciudadanía pueda ejercer los derechos ante el Estado”. Punto muy sensible ahora en un contexto de población cesante, aislada o padecen la enfermedad.
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Seminario internacional Virus y Democracia: ¿Acceso a la Información y Transparencia en riesgo?
