Un reconocimiento que el sistema educativo en general requiere de mayor acceso a la información, formularon los panelistas del taller Transparencia: una oportunidad para la Educación en el III Seminario Internacional del Consejo para la Transparencia que finaliza este viernes 20, día de aniversario de la ley.

“No habríamos tenido los conflictos de 2011 si hace diez años hubiese habido transparencia en el sistema educativo”, formuló el coordinador de Educación 2020, Mario Wiassbluth, tras indicar que el modelo competencia de mercado aplicado a la educación significó libertinaje y opacidad.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Proacceso, Moisés Sánchez, planteó que debieran existir estándares específicos respecto de las necesidades de transparencia en materia de educación, lo cual implica ofrecer certeza respecto del manejo de los recursos financieros e información fácilmente entendible.

Refiriéndose a la ley, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, acusó inequidad en las exigencias que afectan a universidades públicas y privadas, ya que la norma sólo obliga a las universidades del Estado y al hacerlo entrega a las privadas ventajas comparativas, dijo.

En tanto el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Noam Titelman puso el énfasis en el irrespeto a la norma sobre el lucro de las universidades privadas y en la escasa claridad sobre los procesos de acreditación.
Sobre lo último, el ministro de Educación, Harald Beyer anunció el envío, posiblemente en junio, de un proyecto de ley que subsane los vacíos del actual sistema de acreditación de universidades. Beyer informó los esfuerzos desarrollados por su cartera para poner a disposición de los usuarios más y mejor información, aunque reconoció falencias.

Por su parte, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote jesuita Fernando Montes, se refirió al tipo de cultura que el país necesita y enfatizó en la formación ética, “no hay ley, por buena que sea, que pueda funcionar en un país de pillos”. Llamó la atención sobre el tratamiento actual de la educación en términos de mercado y competencia, sin poner atención a los valores. Indicó que, dada la función que cumplen, todas las universidades son públicas y desde esa perspectiva al Estado le compite regular.