Marcelo Drago, expuso en la carrera de Ciencias Políticas sobre los alcances y principales desafíos de la nueva normativa -actualmente en trámite y que perfecciona el marco regulatorio vigente- y que persigue ampliar significativamente ámbitos de transparencia en Chile.
“A once años de la ley era bueno hacer una actualización y dotar de más herramientas para hacer efectiva la transparencia en el país”. Con estas palabras el consejero del Consejo para la Transparencia (CPLT) Marcelo Drago, resumió el impacto del proyecto de ley actualmente en trámite en la Cámara de Diputados que moderniza la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, conocida también como “Ley de Transparencia 2.0”.
Sobre la iniciativa explicó en la charla dictada en el campus Puerto Montt de la Universidad de Los Lagos que: “lo planteado por el Ejecutivo, y que como Consejo hemos apoyado, es ampliar los ámbitos de transparencia en el país significativamente”. Enfatizó en las propuestas que se consideran para ampliar ámbitos de transparencia al sector privado, para perfeccionar mecanismos de transparencia de los órganos autónomos constitucionales (como la Contraloría o el Banco Central) y las propuestas en materia presupuestaria, comentando que “en esas líneas son avances que van a ser positivos. Hay cosas que quizás se podría avanzar más todavía y es parte del debate legislativo”.
Consultado respecto de los desafíos que plantea la iniciativa de Gobierno Abierto -en el marco del cuarto plan de acción que se desarrollará entre 2018 y 2020- afirmó que se requiere “seguir avanzando en las distintas líneas que se han ido planteando, sobre todo en el ámbito municipal, regional, estableciendo instancias de participación ciudadana previa a las decisiones públicas más relevantes”. Drago enfatizó en que estas iniciativas de participación “no necesariamente (deben ser) vinculantes, pero sí incidentes, donde la información para tomar (las decisiones) esté disponible para todos los ciudadanos y pueda ser una participación real”.
Sobre el rol de control social por parte de la ciudadanía, el consejero detalló que “generar participación ciudadana más organizada genera mejores decisiones, más acordes a las expectativas ciudadanas, a las necesidades públicas y desde ese punto de vista la transparencia es uno de los pilares para que se desarrolle esa participación de forma adecuada”.
En relación al rol de universidades y centros de formación superior en lo relativo a transparencia y participación ciudadana, Drago destacó: “Las universidades forman profesionales que si están imbuidos en estos temas tienen un efecto repetidor importantísimo en toda la sociedad, a través del sector público pero incluso en ámbitos de la sociedad civil, de las organizaciones sin fines de lucro”.
