En el marco del Día Internacional de la Mujer, en el cual se analizan las principales brechas entre los géneros, una que es poco conocida es la falta de conocimiento que existe entre las mujeres respecto al Derecho de Acceso a la Información Pública.
Las estadísticas sobre requirentes de información ante el Estado demuestra que un 52,5% de las más de 80 mil solicitudes de información que ha recibido la administración central del Estado, han sido presentadas por mujeres.
Los antecedentes acumulados señala que se trata de mujeres trabajadoras en el sector privado (27,5%) y dueñas de casa (21,5%), con educación media completa (29,5%) y un segmento importante (14,8%) que no completó dicha educación, mayoritariamente con un ingreso familiar igual o inferior a $ 500 mil, (67,8%) y en un rango etario entre los 18 y 30 años (24,9%).
Sin embargo, ese perfil es muy distinto al que el Consejo para la Transparencia ha elaborado respecto de aquellos ciudadanos que más allá de hacer una solicitud de información pública, lo hacen utilizando su derecho fundamental de acceso a la información y reclaman cuando quedó disconforme con la respuesta.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Transparencia y los Estudios de Satisfacción de Clientes realizados por el Consejo para la Transparencia demuestran que los reclamantes ante esta entidad  son hombres (76,4%), en un rango de edad entre los 46 y 60 años (37,1%), con educación universitaria completa (40,6%) y otro grupo ostenta posgrado (17%), un ingreso familiar entre $ 500 mil y $ 1 millón (25%) e igual proporción (25%) en el rango de  $ 1 y $ 2 millones. También hay diferencias en su perfil laboral, ya que 24,5% son trabajadores independientes y 22,8% empleados públicos.
Las diferencias delatan una brecha importante, donde se demuestra el interés de las mujeres por acceder a información pública útil en su vida diaria. Los mismos estudios del CPLT concluyen que las personas demandan mayoritariamente información en temas sociales como educación, salud, vivienda y seguridad pública, referida especialmente a la manera de obtener beneficios y subsidios del Estado. Sin embargo, al no conocer su derecho de “exigir” dicha información y de reclamar cuando se ve vulnerado, no logran tener el acceso efectivo que requieren. Sí lo logran personas con mayor educación y mejores ingresos que no tendrían la misma urgencia en obtener los beneficios y utilizar el derecho como un instrumento hacia otros derechos.

El presidente del Consejo para la Transparencia, advierte que estas estadísticas muestran que todavía son muy pocos los que recurren ante la institución cuando no reciben respuesta a una solicitud de información. “Nuestros registros también nos permiten ver que es en general una élite la que llega al Consejo. Que son personas que ya conocen bien la ley y la función del Consejo y que son activos requirentes de información para sus investigaciones o situaciones personales. Eso es efectivamente uno de los objetivos de esta política pública, pero nos preocupa que esta ley se esté elitizando y se pierda su sentido de ser una herramienta que favorezca el control social y la participación ciudadana”, subraya.

Agrega que esta es una situación que ya ha ocurrido en otros países donde se ha creado una normativa similar a la nuestra y, por lo tanto “nos impone el desafío de avanzar preferentemente hacia la promoción del derecho”, concluye el presidente del CPLT.