A la jornada se invitó a los representantes de los 47 organismos que fueron evaluados a través de un Estudio de Usuario Simulado para conocer su desempeño ante solicitudes de información pública.

 

Con el objetivo de profundizar el conocimiento de los funcionarios públicos respecto a la Instrucción General sobre Derecho de Acceso a la Información, que entrará a regir en marzo próximo, el Consejo para la Transparencia organizó un taller de trabajo con 47 organismos públicos, todos los cuales fueron recientemente evaluados en el proceso de recepción y respuesta a solicitudes de información pública.

La jornada de trabajo fue inaugurada por el director jurídico del CPLT y director general subrogante, Enrique Rajevic, quien destacó la importancia de la gestión de los organismos públicos como un eje clave para satisfacer la demanda ciudadana por información pública. “La Instrucción General que ha dictado el Consejo busca homogeneizar la forma en que se trata una solicitud de información desde que la recibe el organismo hasta que se deniega o se responde y en qué forma se hace esto último, de manera de darle una certeza al ciudadano y que se le facilite el proceso”, aclaró.

Junto con esta Instrucción, también enfatizó la importancia de los diversos estudios que ha desarollado el CPLT durante 2011, que nutrieron mucha de la información necesaria para elaborar el texto legal así como el proceso de Consulta Pública al cual se sometió. “Se recibió un total de 253 observaciones al borrador de la Instrucción, todas las cuales fueron respondidas por nosotros, porque consideramos que el estándar exige que se le otorgue la debida respuesta a cada uno de los comentarios obtenidos a través del proceso de Consulta”, afirmó. (Ver documento). “Para nosotros es muy importante contar con la retroalimentación de los funcionarios públicos en todos los procesos que realizamos”, concluyó.

Esta Consulta Pública, que se llevó a cabo en forma previa a la aprobación y publicación de la Instrucción, consideró talleres especiales con académicos, expertos y representantes de servicios públicos (incluido uno especial para el mundo municipal) y ONGs ligadas a temas de transparencia, además de casi 30 oficios y correos electrónicos de personas e instituciones públicas y privadas que fueron recepcionados y analizados por el Consejo.

El director de Estudios, Eolo Díaz-Tendero, explicó los ámbitos de estudio en los cuales se focalizó la labor del CPLT durante 2011, y las metodologías aplicadas. Señaló que en el caso del “Estudio de Usuario Simulado”, que busca conocer lo que ocurre con las solicitudes de información pública presentadas a un organismo, se detectó que tanto en la forma presencial como a través de la web existen barreras para las personas, las cuales en muchos casos se producen por fallas y omisiones cometidas por los organismos públicos o simplemente por desconocimiento de la ley y procedimientos. Junto a la presentación de los resultados, se le entregó a cada organismo evaluado una ficha con sus resultados particulares para poder profundizar en los problemas detectados.

El segundo bloque del Taller, se centró en el contenido de la Instrucción General N° 10 sobre Derecho de Acceso a la Información Pública y el modelo de fiscalización desarrollado por la Dirección de Fiscalización, el cual fue probado a través de un Plan Piloto en el que participaron 84 instituciones de la Administración Pública, 45 organismos de la administración central y 39 municipios. De este piloto se presentaron los resultados obtenidos, los cuales se difundieron a los participantes en diciembre pasado.