- Presidente de la entidad, Marcelo Drago, hizo un llamado a “cambiar de inmediato” protocolos que permiten a Carabineros destruir bitácoras de vuelo a los seis meses y plazos de un año en el caso de documentos que “después pueden ser importantes”.
Un llamado a revisar los protocolos y reglas vinculadas a la gestión y destrucción documental en las Fuerzas Armadas y de Orden, hizo esta mañana el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, planteando –además- que éstas deben ceñirse a la generalidad que siguen el resto de las entidades del Estado.
“Creemos que se deben revisar los protocolos y las reglas de destrucción documental, de mantención de documentos y seguir la generalidad de las reglas del Estado”, afirmó el titular de Transparencia.
El CPLT amplió sus cuestionamientos más allá de lo ocurrido con las imágenes del operativo de Carabineros, que terminó con la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca, y afirmó que existen una serie de situaciones en las que las Fuerzas Armadas y Carabineros no se rigen por los mismos protocolos que el resto de las entidades públicas, y que deben implementarse una serie de medidas de tipo técnico pero también administrativas a la brevedad.
A este respecto, Drago criticó los breves plazos legales establecidos para que estas entidades puedan destruir documentos: “Hay plazos muy acotados, de un año, para permitir legalmente la destrucción de documentos que después pueden ser importantes. Hay plazos muy cortos, de seis meses por ejemplo, en el caso de Carabineros en información relativa a bitácoras de vuelo, creemos que eso es gravísimo, eso tiene que cambiar de inmediato”.
Asimismo, el titular de Transparencia reiteró las críticas a lo ocurrido con las grabaciones que se realizaron de la acción policial que derivó en la muerte de Catrillanca indicando que es de “la mayor gravedad el que se haya destruido información del Estado de este modo. Hay una falla en los protocolos y en los procedimientos de seguridad de la información”.
Respecto a este último punto, comentó la necesidad de implementar medidas que impidan que “sea la mera voluntad de un funcionario la que incida en considerar destruir la información”. Mencionó por ejemplo respaldos en la “nube” de este tipo de material con el fin de “sacar de las manos, de la responsabilidad del funcionario el mantener esta información y recopilarla”.
