Pese a los altos niveles de desconfianza, estos se encuentran por debajo de la media total país.

Según cifras del IX Estudio Nacional de Transparencia, los habitantes de la Undécima Región mostraron mayores niveles de confianza que el total nacional tanto en el sector público como en la información que estas entidades entregan, ya sea directamente o a través de los contenidos que disponen en sus sitios web.

Pese a ello, los porcentajes de desconfianza son altos, lo que podría derivar de la percepción de corrupción, asociada a irregularidades en el sector conocidas en los últimos años. En este sentido un 62% de los habitantes de la región considera que los organismos públicos son bastante o muy corruptos. Una cifra muy alta, aunque inferior a la cifra media nacional (78%).

Otro aspecto que podría incidir en esta erosión de la confianza hacia el sector público es la baja percepción de transparencia de las instituciones públicas –un 42% de los ayseninos encuestados declaró percibir niveles aceptables o altos de transparencia-.

Los ayseninos sin embargo, se mostraron más confiados que la media nacional ante la calidad de la información pública que entregan estas entidades (con un 42% de confianza, tres puntos sobre el total país) y con aquella que se dispone en sus sitios web (donde alcanzan un 49% de confianza, superando en 14 puntos porcentuales la media nacional).

En términos de posibilidades de acceso a la información pública, la percepción de utilidad y necesidad, se asocia a la prevención de la corrupción y a la posibilidad que entrega de controlar las acciones de funcionarios y autoridades. Particularmente en la región de Aysén, se tienen expectativas similares al promedio nacional, de decir, en torno al 50%.

Un impacto igualmente destacable en este estudio es que por tercer año consecutivo, aquellas personas que declararon conocer al Consejo para la Transparencia (CPLT) tienen una mejor percepción del sector público. Lo anterior quiere decir que confían más, tienen una mayor percepción de transparencia y una menor percepción de corrupción que quienes no lo conocen.

El presidente del Consejo, Marcelo Drago, explicó parte de las cifras asociándola no sólo a una crisis de confianza, sino también a un empoderamiento de las personas que se ha incrementado en los últimos años. “El creciente nivel de desconfianza y la negativa percepción que hoy las personas mantienen de los organismos públicos, no sólo es el reflejo de una crisis que hace tiempo viene agudizando la desafección de los chilenos hacia el Estado, sino que también, es el reflejo de una sociedad cada vez más crítica y empoderada, que exige mucho más de las autoridades públicas. En esto no hay que usar eufemismos: muchas instituciones, públicas y privadas, le fallaron al país”, afirmó.

“La Ley de Transparencia cumple este año su primera década desde que entró en vigencia y durante este periodo, ha demostrado ser un eficiente mecanismo de control social. Los chilenos deben exigirle más a sus autoridades y para eso estamos nosotros: para promover una inquebrantable rendición de cuentas en la sociedad. Que no quepa duda que el Consejo para Transparencia estará bregando en esa dirección”, enfatizó Drago.