Una mayoritaria valoración de la transparencia y del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública por parte de los trabajadores públicos arrojó el II Estudio Nacional de Funcionarios, realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT). Dicha investigación evidenció que el 57% de los funcionarios del sector público considera útil la transparencia en el Estado y un 94% cree que el acceso de los ciudadanos a la información pública es necesario.
La encuesta, que busca analizar el nivel de penetración de la cultura de la probidad entre los funcionarios del sector público, se realizó a 1.059 trabajadores de instituciones estatales y municipalidades de las 15 regiones del país.
Los resultados indican que el 64% de los funcionarios cree que el Estado es “transparente” y un 56% lo califica como “eficiente”.
En cuanto a quiénes hacen uso del derecho de acceso a la información pública, los trabajadores opinan que es la propia administración pública la que más utiliza esta garantía (16,3%), seguida por los periodistas (14,9%) y la ciudadanía (14,6%).
Consultados sobre cuál es la principal razón por la cual se pide información pública, el 23,8% sostuvo que es “para conocer o postular a beneficios y subsidios”, mientras que un 17,7% cree que es para “solucionar un problema” y un 14,4% “para desenmascarar una irregularidad”.
En cuanto a los beneficios que reporta para el país la existencia de la política de transparencia, el 54% opina que brinda información a los ciudadanos sobre lo que hace el Estado, mientras que un 51% sostiene que fomenta la participación ciudadana. A su vez, mayoritariamente creen que genera un mayor acercamiento entre las personas y los organismos públicos (59%) y mejora la imagen de las instituciones y funcionarios públicos (48%).
“La valoración que los funcionarios tienen de la Ley de Transparencia radica en los beneficios concretos que pueden observar tanto para el país, los ciudadanos y ellos mismos. Pueden constatar, en su trabajo diario, que gracias a la Ley de Transparencia se ha generado un mayor acercamiento entre los ciudadanos y los organismos públicos y que ha mejorado su imagen ante la población”, afirmó el director general del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada.
El II Estudio Nacional del CPLT también arrojó que un 93,8% de los funcionarios considera que la ciudadanía tiene derecho a reclamar cuando un organismo público no entrega la información que solicitó.
A su vez, un 86,5% cree que, cuando una persona pide información a un organismo del Estado, éste está obligado a entregarla. En tanto, un 89% opina que “hay cierta información que, por su naturaleza, debe ser mantenida bajo secreto/reserva”.
